Los clubes llevan a la justicia europea la regulación del cannabis en España

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Los clubes llevan a la justicia europea la regulación del cannabis en España

Plantas de marihuana y un cogollo en un domicilio particular./Desiree Martin (Afp)

Esperan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emita una «medida de presión» para modificar la política de cultivo y consumo


Después de que el Tribunal Constitucional anulara la primera sentencia condenatoria que emitió el Tribunal Supremo contra un club cannábico, la Plataforma Regulación Responsable, que agrupa a varias asociaciones con el objetivo de realizar un cambio legislativo sobre el cannabis en España, planea interponer un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues «el fallo del Constitucional no contempla una cuestión fundamental: la viabilidad y los requisitos que deben cumplir los clubes de cannabis en nuestro país».

El Constitucional amparó a cinco miembros de la asociación bilbaína 'Ebers' que se reúnen en un local a fumar marihuana y donde, casi siempre, se cultiva y se vende a sus socios, pero no se pronunció sobre la situación general de este tipo de clubes en el territorio español. «Eso ahonda más en la inseguridad jurídica para poder operar legalmente», señala Bernardo Soriano, portavoz de la plataforma. «La condena al colectivo 'Ebers' fue la más importante y la que marcó la tendencia suponiendo un cambio en la interpretación que los tribunales venían haciendo sobre la viabilidad legal de los clubes sociales de cannabis. Esta sentencia cristalizaba el proceso de criminalización impulsado por el gobierno del Partido Popular a través de su apéndice, la Fiscalía General del Estado con su también ya famosa instrucción 2/2013 de 5 de agosto», agregó.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional también anuló la ley foral navarra que regulaba los clubes de cannabis de su jurisdicción al considerar que se trata de una materia que tiene incidencia en el ámbito penal y que, por tanto, su regulación autonómica invade las competencias que el Estado tiene sobre ese ámbito. Soriano reconoció que «es complicado» que las comunidades autónomas puedan regular materias de competencia del Estado y se pronunció a favor de fomentar la incidencia política y conseguir un pacto a nivel estatal que promueva una «regulación integral» del cannabis.

La clave sobre la legalidad de este tipo de agrupaciones reside en si su actividad se considera autoconsumo compartido, que es legal, o si se entiende que hay una estructura organizada con más fines. El Supremo tiene su propia doctrina sobre lo primero (en 2001 fijó el autoconsumo de en acopio de estupefacientes para cinco días), pero la Sala de lo Penal consideró que el caso del club 'Ebers' desbordaba esa teoría. No obstante, el Constitucional echó a abjo todo eso. «Esta sentencia fue un mazazo que supuso un punto de inflexión para el modelo asociativo, y vino a cambiar lo que venía validándose por parte de multitud de juzgados y audiencias provinciales a lo largo y ancho del territorio nacional», sostiene la Plataforma Regulación Responsable.

Además de la sentencia sobre la asociación 'Ebers', el tribunal de garantías se pronunciará próximamente acerca de dos recursos de otras dos asociaciones de cannabis, 'Three Monkeys' y 'Pannagh.' Soriano supone que éstas también seguirán en la misma línea argumental que la de la sentencia de 'Ebers.' «Lo que nos interesaba era el fondo de cómo el Estado se puede interponer por encima de la libertad y la libre elección de sus ciudadanos. El que debiera ser el valedor de los derechos fundamentales nos ha fallado una vez más, cuestión que en ningún caso vamos a aceptar y ya adelantamos que seguiremos dando la batalla hasta el último escalón, El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Estamos convencidos de que tenemos la razón y que los argumentos expresados en el recurso son validos, valientes, razonables, coherentes y sobre todo justos», agregó el portavoz, quien al mismo tiempo lamentó que se haya desaprovechado la oportunidad de establecer un criterio claro sobre esta cuestión.

Desde la Plataforma Regulación Responsable se muestran «esperanzados» de que el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que deberán plantear en un plazo de tres meses, suponga una «medida de presión» para modificar las políticas sobre el cannabis en España. Se trataría, según Bernardo Soriano, del primer recurso a nivel europeo que se plantea sobre la regulación y el reconocimiento del cannabis y con el que se pretende «saber si desde Estrasburgo se da el amparo para poder plantearlo en España».

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